Alberto Montero SolerEl Observador
Sí, hablemos de las pensiones. ¿Por qué no hacerlo? Ya sé que con la que está cayendo no es buen momento para introducir más elementos de incertidumbre en un contexto crecientemente incierto pero no he sido yo quien ha recuperado para la agenda política y económica del país el tema de las pensiones.
Claro que sí, hablemos de las pensiones. Pero hablemos de ellas sin ocultar ases en la manga ni conejos en la chistera. No permitamos que los elementos del discurso sean tan sólo aquellos que manejan, como trileros, los agoreros del apocalipsis de la Seguridad Social y pongamos todas las cartas boca arriba. No asumamos como verdades reveladas ni leyes naturales lo que no son más que opciones políticas que, como tales, entran en el ámbito de nuestra capacidad de decisión colectiva y podemos modificar a voluntad de las mayorías. Pongamos sobre la mesa todos los términos del debate, liberémonos de los corsés que encapsulan nuestra forma de pensar este tema y asumamos que ni lo existente es lo único posible ni lo que nos proponen la única solución viable.
Dado que algunos creen que es el momento para hablar de las pensiones, no rehuyamos el debate y hablemos de ellas. No perdamos la ocasión de expresar nuestra opinión acerca de lo que afirmaba en su última
comparecencia en el Congreso Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, cuando volvió a poner sobre la mesa su preocupación por la sostenibilidad del sistema público de pensiones y la necesidad de acometer su reforma para garantizar que los cotizantes actuales puedan ser los pensionistas del futuro.
Y es que, como suele ser habitual, el análisis del gobernador se basaba en los supuestos tradicionales que se emplean cuando se trata de vaticinar la debacle de la Seguridad Social: brusca reducción de la tasa de natalidad y progresivo incremento de la esperanza de vida al nacer que podrían motivar una elevación insostenible de la tasa de dependencia, esto es, de la relación entre la población mayor de 65 años y la que se encuentra en edad de trabajar.
A partir de ahí la conclusión es inmediata: el incremento del gasto en pensiones pondría en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema de forma que éste entraría en déficit creciente a partir de 2025 y para evitarlo se impondría la necesidad de reformar ya el sistema público de pensiones.
Y es ahí donde la salmodia del gobernador se corresponde, milimétrica y sospechosamente, con la misma que entonan los servicios de estudios de las instituciones financieras que aspiran a hacerse con el botín de las pensiones públicas de nuestro país. Curioso, ¿verdad? Estas son sus propuestas.
En primer lugar, abogan por el retraso de la edad de jubilación por la vía del endurecimiento de las condiciones para el acceso a la jubilación anticipada; del incentivo a la permanencia en el mercado de trabajo más allá de la edad de jubilación; o, por último, del retraso de la edad legal de jubilación en el sentido en que lo ha hecho recientemente Alemania incrementándola de los 65 a los 67 años.
En segundo lugar, plantean la ampliación del número de años de cotización para el cálculo de la base reguladora con la intención de aumentar la proporcionalidad del sistema, esto es, la relación entre las pensiones percibidas y las cotizaciones realizadas a lo largo de toda la vida activa del trabajador.
En tercer lugar, proponen la reducción de la tasa de sustitución de las pensiones, es decir, el porcentaje que de los ingresos previos a la jubilación supone la pensión percibida.
Y ya finalmente, el gobernador dejó caer la brillante idea de que las compensaciones por desviación de la inflación prevista sobre la observada se produjeran de forma simétrica. Es decir, que al igual que se compensa al pensionista por la pérdida de poder adquisitivo cuando la tasa de inflación observada es superior a la estimada cuando se realizó la actualización de su valor, aquél proceda a la devolución de la diferencia en el caso contrario.
Si estas propuestas iban por la vía de la contención del gasto en pensiones, en lo referente a la posibilidad de aumentar los ingresos del Sistema, el gobernador fue tajante en su comparecencia: “no parece existir margen de actuación para realizar incrementos de las cotizaciones sociales, dado que podrían tener efectos muy perniciosos sobre el empleo”.
Y dicho todo lo anterior, más algún pullazo adicional contra la rigidez del mercado de trabajo, suponemos que se retiró con sensaciones contradictorias: satisfecho por el deber cumplido pero, al mismo tiempo, angustiado por si sus profecías caían, una vez más y al igual que las de Casandra, en saco roto.
Las reformas necesarias no son las que pregonan los banqueros
Evidentemente, se le puede reprochar al gobernador, como hizo el gobierno, que no es momento para añadir más catastrofismo sobre la catástrofe que asola nuestra economía y en la que el Banco de España tiene una importante cuota de responsabilidad.
Sin embargo, yo creo que el principal reproche que se le debe hacer al gobernador es su predisposición a poner el discurso de la institución que dirige al servicio de los intereses de las instituciones financieras por la vía de la construcción de un pensamiento único en torno al tema de las pensiones. Uno y otras, a fuerza de reiterar machaconamente las mismas advertencias y acompañarlas de idénticas propuestas de solución, han conseguido un discurso monocorde que, como una gota malaya, está consiguiendo que se interiorice por parte de la ciudadanía la idea de que la Seguridad Social está en peligro y de que o se reforma en el sentido antedicho o se producirá, más pronto que tarde, su quiebra.
Y es que es evidente que el sistema de la Seguridad Social necesita reformas. No cabe la menor duda. Toda institución cuya solvencia depende de la evolución de terceras variables necesita acompasar su lógica de funcionamiento al ritmo al que se van produciendo cambios estructurales en la dinámica de estas. Sería suicida asumir que la Seguridad Social escapa a la lógica de la evolución de factores demográficos y de las variables relevantes del mercado de trabajo.
Pero una cosa es reconocer que las reformas son necesarias y otra bien distinta es plantear que las que plantean al alimón el gobernador del Banco de España y las instituciones financieras son las únicas reformas posibles.
Y es que en el terreno de las reformas del sistema público de pensiones lo normal es que se hurten a la ciudadanía algunas opciones tan viables como las anteriores pero que, al contrario de las destacadas por el gobernador y sus colegas banqueros, apuntan hacia el refuerzo no sólo de su sostenibilidad sino también de su carácter público en lugar de promover su erosión desde dentro con el fin de ir abriendo vías para la gestión privada.
Pero, para ello, es preciso romper con algunos clichés que modelan nuestra comprensión colectiva del sistema de pensiones. Estos son algunos de ellos.
De entrada, hay que romper la cadena de la contributividad
El primero y más importante de esos clichés es el que plantea que la financiación de las pensiones debe depender exclusivamente de las cotizaciones de trabajadores y empresarios sin que quede resquicio para la financiación fiscal de las mismas.
¿Por qué secreta razón la Seguridad Social se concibe como un ente separado del Estado y se exige de ella que sean los ingresos de los cotizantes los que sufraguen íntegramente el pago de las prestaciones como si no cupieran vías alternativas de financiación? ¿Qué ocurriría si pensáramos en los mismos términos de la Educación, la Sanidad, el Ejército o, por qué no decirlo, la propia Casa Real? ¿Se ha llegado a plantear en algún momento que el Ejército es una institución deficitaria y que, por lo tanto, debemos proceder a reformarlo buscando su sostenibilidad financiera a largo plazo? ¿Y si no se piensa eso del Ejército por qué hemos de asumir que debe de ser así para el caso de las pensiones? ¿Por qué sólo se cuestiona la sostenibilidad financiera de las instituciones vinculadas al Estado de bienestar y no se hace lo mismo con otros sacos sin fondo a donde van partidas presupuestarias cuya relevancia social es mucho menor?
Si superáramos esa forma de concebir la Seguridad Social y asumiéramos que, en tanto que institución del Estado, éste debe responder con todos sus ingresos por el pago de las prestaciones de jubilación nos encontraríamos con que la amenaza recurrente sobre la insostenibilidad fiscal de aquélla desaparecería.
En este sentido, habría que comenzar por revisar el Pacto de Toledo en lo que se refiere a la separación de fuentes de financiación y eliminar lo allí contenido en relación con la dependencia de la financiación de las pensiones de las cotizaciones de los trabajadores. De esta forma se lograría romper la tendencia a analizar la Seguridad Social en términos meramente contributivos y desde una lógica exclusivamente actuarial, tratando de equilibrar ingresos y gastos, para pasar a pensarla, a continuación, tomando como directriz su sentido solidario original.
Y es que no hay ninguna razón que justifique que las pensiones deban financiarse exclusivamente a través de las cotizaciones de los trabajadores y no pueda recurrirse a los ingresos generales del Estado para tal fin. La propia historia de la Seguridad Social española nos dice que en ningún momento ésta ha estado dominada por esa lógica de la igualación entre pensiones y cotizaciones.
Es más, si recurrimos al análisis comparativo con los países de nuestro entorno nos encontramos con que en tan sólo 8 de los 27 Estados de la Unión Europea se igualan pensiones a cotizaciones y que países como Francia han creado un impuesto especial, la contribución social generalizada, para dotar el Fondo de Reserva y para financiar las pensiones en el futuro. ¿Por qué entonces en España no se mira a lo que hacen los países más avanzados en materia de políticas sociales y se sigue a pie juntillas el discurso neoliberal más rancio?
De hecho, bastaría con un análisis menos tramposo para justificar y legitimas la financiación de las pensiones con ingresos generales del Estado. Un análisis que destacara la caída de la participación de las rentas salariales (y, por lo tanto, de las bases de cotización) frente a las rentas del capital en el total de la renta nacional. Y es que en España el peso de las rentas empresariales respecto al PIB fue en 2007 del 42,3%, el porcentaje más elevado desde 1995. Evidentemente esto se consiguió a costa de la disminución de la participación en la renta nacional de la parte correspondiente a los asalariados y a los impuestos. Tal es así, que el peso de las salarios respecto al PIB ha retrocedido en 2,4 puntos entre 1995 y 2007, hasta llegar al 47,3% actual. Eso significa que durante esos años se ha producido una transferencia de renta desde los salarios e impuestos hacia los beneficios empresariales de en torno a 20 mil millones de euros anuales.
Con esos datos, y por lo tanto, a partir de la constatación, nos guste o no, de que nos encontramos en una economía en la que las rentas empresariales van en aumento, ¿qué nos impide establecer un impuesto sobre las mismas para financiar las pensiones del conjunto de la población? ¿O es que las únicas medidas fiscales que se pueden plantear en relación con las rentas del capital son las reducciones impositivas?
Tanto más cuando
la carga fiscal que sufren las empresas españolas se encuentra muy alejada de las de otros países europeos por muchos lamentos y plañidos que escuchemos de la Confederación de Empresarios.
En efecto, la importancia de las deducciones y desgravaciones fiscales en el impuesto de Sociedades provoca que, a pesar de que el tipo nominal del Impuesto sea del 35% el tipo impositivo efectivo -es decir, el que realmente se paga- sea tan sólo del 24,51%. Mientras tanto, en la Unión Europea (a 15 miembros) el tipo efectivo medio es del 33,34%, es decir, casi nueve puntos más y en países como Italia llega al 42%. Esto provoca que España sea el país europeo en el que hay más diferencia entre lo que nominalmente aparece como presión fiscal y lo que efectivamente pagan las empresas. La diferencia es de 10,5 puntos mientras que la media en la UE es de 1,36 puntos.
Si esto no nos da margen para gravar con mayores impuestos las rentas del capital y financiar con ellos las pensiones públicas es una cuestión que, al menos y en mi humilde opinión, debería ser tan debatida como, por ejemplo, la elevación de la edad de jubilación.
También hay que hablar de los ingresos
Esto nos lleva al segundo de los clichés: el relacionado con el sesgo hacia el lado de los gastos en todas las propuestas de reforma, tal y como perfectamente se ilustra en la comparecencia del gobernador cuando afirma, sin ningún pudor, que “no parece existir margen de actuación para realizar incrementos de las cotizaciones sociales”.
¿Que no parece? ¿Cómo que no parece? Creo que deberíamos convenir en que esta no es una cuestión de pareceres. O se puede o no se puede y si no se puede se deberá argumentar la razón y no zanjarla como si los pareceres, especialmente el suyo, fueran argumentos de autoridad.
Pues bien, por este lado tampoco está claro que no se pueda aumentar la recaudación por distintas vías y realizando diferentes reformas que vendrían a añadirse a la ya referida de eliminación del principio de separación de fuentes de financiación contenido en el Pacto de Toledo.
Así, en estos momentos, una parte de las cotizaciones a la Seguridad Social se dedica al pago de las prestaciones por desempleo: en concreto, 7,5 puntos de la cotización total se destina a la financiación de esas prestaciones. Si esos recursos se destinaran a financiar las pensiones en lugar de las prestaciones por desempleo se produciría un aumento de en torno al 20% de los recursos disponibles para las pensiones.
También se podrían aumentar los tipos de cotización a la Seguridad Social algo que, convenientemente debatido y consensuado, podría ser asumido tanto por trabajadores como por empresarios puesto que supondría una sustitución de parte del salario actual por un mayor salario diferido para el futuro.
Y tampoco debemos dejar de pasar por alto otro elemento importante relacionado con la disponibilidad de un mayor volumen de recursos para financiar las pensiones como son las bonificaciones fiscales en el IRPF por la contratación de planes de pensiones privados y que, según diversas estimaciones, alcanzarían un 5% de la cuota líquida de dicho impuesto. ¿Qué sentido tiene incentivar este tipo de productos financieros cuando esos fondos podrían estar dedicándose a la financiación del sistema público por el que tanto se preocupan los mismos que, simultáneamente, promueven la complementación del sistema público con fondos privados?
Resulta bastante paradójico que se cuestione la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones y, al mismo tiempo, no se haga todo lo posible por apuntalarlo.
Es más, resulta intolerable que se promueva la conformación de un sistema complementario privado, subvencionado fiscalmente por todos y que es suscrito mayoritariamente por las personas de rentas más altas, es decir, por aquellos que tienen mayor capacidad de ahorro y que, una vez jubilados, tendrán menos problemas para el mantenimiento de sus niveles de vida previos. ¿Por qué no se eliminan esas deducciones fiscales y se dedican esos recursos a complementar las pensiones de menor cuantía en lugar de favorecer a quienes ya de por sí son los segmentos más favorecidos de la sociedad?
Las razones de esta paradoja hay que buscarla en sus más directos beneficiarios: las entidades financieras que las gestionan y que, sin embargo, tampoco garantizan que, una vez llegado el momento, se percibirán las rentas comprometidas.
Y mucho más de los fondos privados de pensiones
Porque esa es otra o, lo que lo mismo, el tercero de los clichés. Al tiempo que se plantea la insostenibilidad financiera del sistema público se presenta al sistema complementario privado como si fuera inmune a ese riesgo, como si no existiera en ese ámbito ningún problema para hacer frente a los pagos futuros.
Se olvida, sin embargo, que un fondo privado de pensiones puede perfectamente quebrar y hay casos en la historia reciente que así lo demuestran.
Se olvida también que una rentabilidad elevada sólo se puede conseguir asumiendo mayores riesgos y que cuanto mayor sea la exposición al riesgo mayores son las posibilidades de quiebra en caso de turbulencias financieras.
Pero es que, lo que es más grave, esas supuestas mayores rentabilidades derivadas de la gestión privada de las aportaciones a los fondos privados de pensiones son una absoluta falacia. Según demuestran
Fernández y Bermejo, la rentabilidad media de los fondos de pensiones en los últimos diez años no ha superado la inflación; es más, la rentabilidad de esos fondos ha sido similar a la obtenida a través de la inversión en bonos del Estado a 10 años, es decir, que quienes suscribieron esos fondos podían haber dedicado sus ahorros a financiar al Estado y su rentabilidad habría sido similar y su exposición al riesgo menor.
Y qué decir si se tienen en cuenta las comisiones y gastos de gestión, la verdadera fuente de ingresos para los bancos y entidades gestoras. Por poner un ejemplo sobre el que ha advertido hasta la propia Comisión Europea –que, por otra parte, se encarga activamente de promover la contratación de planes de jubilación privados-, una comisión anual del 1% puede suponer casi el 20% de lo aportado al plan durante 40 años y si la comisión es del 3% el coste sería de hasta el 43% del capital aportado en ese mismo periodo.
Si esto no es un negocio rentable por el que poner a sueldo a toda una plantilla de reputados académicos, ya me dirán ustedes qué puede serlo.
Si otros pueden, ¿por qué no nosotros?
En cuarto lugar, también alguien tendría que explicarnos por qué si las estimaciones llegaran a ser correctas y, según pronostica la Unión Europea, el gasto en pensiones fuera en España en 2050 del 15,7% del PIB ese gasto iba a ser insostenible para el Estado español.
Por expresarlo más claramente y sobre la base de los datos que proporciona Eurostat, ¿por qué en estos momentos Italia puede mantener un gasto en pensiones del 14,7% de su PIB, Austria del 14%, Alemania del 12,7% o Portugal del 13% y España no puede llegar a sostener ese porcentaje en 2050 cuando se supone que para entonces nuestra renta nacional será superior a la de casi todos esos países? ¿Por qué el gasto medio en pensiones en la Unión Europea de 27 miembros es del 12% del PIB o en el área del euro es del 12,4% del PIB y esos porcentajes no se consideran insostenibles en estos momentos y, sin embargo, si se consideran para el caso de España en donde el gasto en pensiones no llega al 9% del PIB?
Esas preguntas no sólo deben ser formuladas públicamente sino que, además, quienes plantean la quiebra de la Seguridad Social deberían responderlas antes de pasar a hacer vaticinios catastrofistas.
En fin, que si hay que hablar se habla
En todo caso, y visto lo visto, yo creo firmemente que sí, que hay que hablar del sistema público de pensiones. Claro que sí. Pero, como dije al principio, hay que hablar de todo y no sólo de lo que les interesa difundir a quienes auguran su quiebra; a quienes recubren sus intereses bajo la apariencia de pulcros estudios científicos plagados de trampas y limitaciones metodológicas que ponen seriamente en tela de juicio su capacidad predictiva y, por lo tanto, su utilidad para servir de referencia a la hora de adoptar decisiones políticas al respecto.
¿Que quieren acabar con el sistema público de pensiones? Muy bien. Que lo digan, que expongan sus razones y sus intereses y ya nosotros decidiremos qué hacemos al respecto. Pero que no nos engañen negándonos la posibilidad de plantear que hay otras reformas posibles; reformas en las que la Seguridad Social siga actuando efectivamente como un mecanismo de solidaridad intra e intergeneracional, como un avance civilizatorio frente a la barbarie que supone dejar desamparado a quien no puede allegar los recursos necesarios para su subsistencia.
Mientras que el discurso dominante no sea el de solidaridad y sí el actuarial; mientras prime la preocupación por la contributividad en lugar de por el nivel de vida al que pueden acceder nuestros pensionistas seguiremos oyendo los mismos cantos de sirenas. ¿Nos tapamos los oídos o les callamos las bocas? En algún momento habrá que decidir.
Alberto Montero Soler (amontero@uma.es) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y puedes leer otros textos suyos en su blog
La Otra Economía.
