Estimados compañeros,Los pasados días 3,4,5 y 6 de Abril, tuvimos oportunidad de participar en el 8vo Congreso Nacional de la CUT en Santiago de Chile y conmemorar el 100 aniversario del nacimiento del Compañero Presidente Salvador Allende G. En esta oportunidad pudimos compartir la necesidad de mantenernos en comunicación ante los embates del neoliberalismo y las compañías trasnacionales en los paises que integramos América Latina. En este contexto ofrecí mandar información referente al intento de privatización de la paraestatal más importante de México, PEMEX, conforme el titular del Ejecutivo presentara la Iniciativa de Reforma a la Ley en materia energética. Esta Iniciativa ha sido presentada el día de ayer al Senado, por lo que me permito mantenerlos enterados.Si alguno de ustedes no quisiera recibír mayor información al respecto, les ruego me lo hagan saber para evitar mandar información subsecuente relativa a este tema.Reciban ustedes un fraternal abrazo desde México.Cro. José Del Valle Rivas
Privatización y engañoFuente: Períodco La Jornada
Si en política forma es fondo, la manera tramposa y equívoca en que se promovió, gestionó y presentó la iniciativa gubernamental de reforma energética entregada ayer en la tarde al Senado de la República refleja la esencia de la propuesta, contraria a los intereses de la nación y parcialmente privatizadora, a pesar de lo expresado unas horas después, en un mensaje en cadena nacional, por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa. En conjunto, las cinco propuestas (Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, Ley de la Comisión del Petróleo y reformas a las leyes Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, de la Comisión Reguladora de Energía, y Orgánica de la Administración Pública Federal) apuntan a abrir al capital privado las labores de refinación y transporte (incluidos los oleoductos) de crudo, así como a ampliar el margen de discrecionalidad para que Petróleos Mexicanos (Pemex) efectúe contratos por asignación directa y contrate deuda. En cuanto a la antigua y procedente demanda de dotar a la paraestatal de autonomía administrativa para impedir que siga siendo saqueada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la iniciativa calderonista la reduce a una renovación del mecanismo de control presidencial sobre Pemex, con la propuesta de que la empresa quede bajo un consejo de administración de 15 integrantes, de los cuales 10 serían nombrados desde Los Pinos, uno más sería el secretario de Energía en turno y los cuatro restantes, designados por el sindicato petrolero.Los documentos enviados por la Presidencia a Xicoténcatl abundan en párrafos que no cambian nada, que incluso empeoran la redacción actual de las leyes cuya modificación se propone (como el artículo 3, inciso I, de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional), que constituyen abiertos contrasentidos ("Cualquier controversia relacionada con la licitación, adjudicación o ejecución de los contratos deberá resolverse conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos y someterse a la jurisdicción de los tribunales competentes de México o a tribunales arbitrales nacionales o internacionales") o que abren negocios colaterales a empresas financieras privadas (bancarias, bursátiles, fondos de inversión), como los "bonos ciudadanos", presentados en forma ocurrente como "un mecanismo innovador tendiente a que los mexicanos se beneficien de manera directa del buen desempeño de Petróleos Mexicanos". Los cinco documentos enviados ayer al Senado por Calderón (quien, un día antes "no tenía idea" de la iniciativa) son, en suma, una continuación de la estrategia de engaños a la opinión pública y de una campaña en la que, lejos de informar a la sociedad, se buscó confundirla, desinformarla y distraerla para intentar un avance sustancial en la privatización y el desmantelamiento de la industria petrolera propiedad de la nación.
Pero todo ello no alcanza para ocultar el punto sustancial, que es la propuesta de modificación al artículo 4 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27, a fin de permitir al capital privado que intervenga en la refinación y transporte de hidrocarburos, en el entendido de que la segunda de esas actividades le permitiría operar oleoductos. Se plantea, en suma, entregar a particulares uno de los segmentos de mayor valor agregado de la industria petrolera, para que éstos realicen negocios de cifras astronómicas, y con ello la propuesta no respeta, sino que contraviene, lo dispuesto en el artículo 27 de la Carta Magna. Por añadidura, los cambios legales propuestos constituyen una manera un tanto extraña de "fortalecer a Pemex", de "asegurar que México cuente con petróleo, no sólo para los próximos años, sino para las futuras generaciones" y de propiciar "que la riqueza petrolera genere más bienestar para todos". Como lo previeron muchas voces, se busca repetir, con los hidrocarburos, la maniobra que, vía una ley secundaria, abrió la industria eléctrica al capital privado.En síntesis, la propuesta del Ejecutivo federal atenta contra uno de los fundamentos centrales del México contemporáneo: el principio de que la propiedad de los recursos naturales corresponde a la nación y que la industria energética en general, y la petrolera en particular, deben ser monopolios públicos. Si ese es el fondo, la forma es en extremo desaseada: se empieza por un promocional equívoco sobre el supuesto tesoro de las aguas profundas y la pretendida necesidad de entregarle parte de él a empresas extranjeras y, sin rubor alguno, se acaba poniendo la operación política de la reforma en manos de Juan Camilo Mouriño, señalado por el conflicto de intereses en que habría incurrido como representante popular y funcionario público del sector energético, por un lado y, por el otro, contratista privado de Pemex.Las intenciones de quienes ocupan el gobierno federal son, muy a su pesar, y en un sentido paradójico, transparentes: esta iniciativa de reformas del grupo en el poder no responde a los intereses nacionales, sino al inagotable apetito oligárquico de disponer de enormes sumas de dinero público, y no precisamente para asegurar "que ningún joven mexicano se quede sin estudiar una carrera técnica o profesional", como se señaló en forma demagógica; para ese objetivo, o para otros igualmente nobles, habría bastado y sobrado con los excedentes de la factura petrolera que desaparecieron sin dejar rastro durante la administración pasada, de la que la actual es heredera y continuadora.
■ La reforma, otro intento de Calderón y PAN para entregarlo a extranjeros
Senadores del FAP cierran filas con López Obrador en defensa del petróleo
■ Mañana exponen medidas de resistencia civil pacífica para frenar la iniciativa oficialDespués de una reunión en la que senadores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia cerraron filas con él en defensa del petróleo, Andrés Manuel López Obrador informó que el jueves dará a conocer las medidas de resistencia civil pacífica que se aplicarán para impedir que se apruebe la reforma que Felipe Calderón hizo llegar ayer al Senado de la República.Acompañado por los legisladores, López Obrador dijo que el paquete de iniciativas forma parte del intento por entregar la renta petrolera a empresas extranjeras, similar al que se empleó en la industria eléctrica. Sin embargo, recalcó, "no nos van a engañar con eufemismos", ya que lo que "el usurpador busca es privatizar el petróleo".El encuentro tuvo lugar en las oficinas de la bancada del PRD en la Torre del Caballito y, de manera sorpresiva, la conferencia final que ofreció López Obrador se trasmitió en vivo por el Canal del Congreso.El político tabasqueño recalcó que entiende por qué actúan así Calderón y su partido, ya que el PAN se fundó en 1939, un año después de la expropiación petrolera, para oponerse precisamente a la decisión del general Lázaro Cárdenas del Río de regresar el petróleo, que estaba en manos de compañías extranjeras, al pueblo de México.El PAN y el gobierno de Calderón están ahora en la misma ruta, sostuvo, "quieren regresarnos al porfiriato, pero no lo vamos a permitir".De inicio, el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, informó que el acuerdo final fue cerrar filas para defender Pemex y trazar una ruta de actividades, tanto en el Congreso como en las calles.López Obrador, a su vez, celebró la realización de ese encuentro, en el cual, señaló, se adoptaron acuerdos importantes para actuar de manera unificada.
Incluso, aseveró que los legisladores del Frente Amplio Progresista –integrado por PRD, PT y Convergencia– están actuando a la altura de las circunstancias, a la altura de Belisario Domínguez, el senador que fue asesinado por oponerse al dictador Victoriano Huerta.López Obrador destacó que las medidas de protesta que preparan serán pacíficas. "Siempre vamos a actuar de manera responsable, sin aceptar provocaciones; no queremos vivir en la confrontación ni en el conflicto y por ello exigimos que el petróleo continúe en manos de la nación, ya que ha sido un elemento de estabilidad".Informó que continuarán las reuniones con el FAP, en razón de que el propósito es trabajar de forma coordinada para preparar la estrategia.Por su parte, el senador perredista Ricardo Monreal comentó que después de la reunión con López Obrador el siguiente paso es continuar con los preparativos para presentar un frente sólido en defensa del petróleo.Para esto el FAP se declaró en sesión permanente e incluso, después de la reunión con López Obrador, los coordinadores Carlos Navarrete, del PRD; Alejandro González Yáñez, del PT, y Dante Delgado, de Convergencia, se quedaron platicando buen rato, porque en las próximas horas deberán tener lista la respuesta que darán dentro del Congreso para frenar la iniciativa privatizadora.Uno de los puntos que se discuten es ir al debate, pero sólo en lo que se refiere al diagnostico sobre Pemex, y no a las iniciativas, además de seguir en alerta para impedir un albazo legislativo. El debate debe abrirseLa privatización de la industria petrolera de México es el objetivo fundamental del gobierno de facto calderonista, que no puede esconderse con un discurso mentiroso como el que se escuchó ayer en red nacional.Una modificación al marco legislativo mexicano como la que plantea la iniciativa en materia petrolera de Felipe Calderón hecha llegar ayer a un Senado de la República rodeado por las fuerzas represivas del Estado, y que entraña una cesión a consorcios trasnacionales de los derechos fundamentales del pueblo sobre sus recursos estratégicos, no puede ni debe ser procesada a espaldas de la nación y sin que medie un amplio debate de los legisladores con representantes de los sectores más significativos, incluyendo a sindicalistas, intelectuales y técnicos.
Cualquier proceso legislativo fast track en la materia implicaría que, ya en la forma, se están confiscado los derechos de la nación. El Poder Legislativo no puede en un régimen representativo sustituir al pueblo y actuar sin un consenso social, pues estaría actuando de manera ilegítima.Esta iniciativa, que por su esencia violenta el acuerdo fundamental de los mexicanos implícito en la Constitución, la cual consagra la exclusividad del Estado en el manejo de los recursos petroleros, no puede ser discutida en el secreto de las comisiones legislativas, y a espaldas y en contra de los mexicanos. Las afirmaciones de Germán Martínez (presidente nacional del PAN) sosteniendo que es "innecesaria" una consulta popular sobre el petróleo y que estas iniciativas deben ser discutidas en el Congreso "y no en la calle", es decir, por las elites políticas y no por la sociedad, o sea, ser objeto de acuerdos cupulares y no de un consenso social, es inadmisible. No puede aceptarse tampoco la pretensión de Santiago Creel, jefe de la bancada panista en el Senado, en el sentido de que "el debate" debe ser acotado y decidido por ellos.El futuro de México como nación soberana e independiente está amenazado desde ayer como nunca antes en nuestra historia reciente y es urgente una movilización de todos los mexicanos.
Privatización y engañoFuente: Períodco La Jornada
Si en política forma es fondo, la manera tramposa y equívoca en que se promovió, gestionó y presentó la iniciativa gubernamental de reforma energética entregada ayer en la tarde al Senado de la República refleja la esencia de la propuesta, contraria a los intereses de la nación y parcialmente privatizadora, a pesar de lo expresado unas horas después, en un mensaje en cadena nacional, por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa. En conjunto, las cinco propuestas (Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, Ley de la Comisión del Petróleo y reformas a las leyes Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, de la Comisión Reguladora de Energía, y Orgánica de la Administración Pública Federal) apuntan a abrir al capital privado las labores de refinación y transporte (incluidos los oleoductos) de crudo, así como a ampliar el margen de discrecionalidad para que Petróleos Mexicanos (Pemex) efectúe contratos por asignación directa y contrate deuda. En cuanto a la antigua y procedente demanda de dotar a la paraestatal de autonomía administrativa para impedir que siga siendo saqueada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la iniciativa calderonista la reduce a una renovación del mecanismo de control presidencial sobre Pemex, con la propuesta de que la empresa quede bajo un consejo de administración de 15 integrantes, de los cuales 10 serían nombrados desde Los Pinos, uno más sería el secretario de Energía en turno y los cuatro restantes, designados por el sindicato petrolero.Los documentos enviados por la Presidencia a Xicoténcatl abundan en párrafos que no cambian nada, que incluso empeoran la redacción actual de las leyes cuya modificación se propone (como el artículo 3, inciso I, de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional), que constituyen abiertos contrasentidos ("Cualquier controversia relacionada con la licitación, adjudicación o ejecución de los contratos deberá resolverse conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos y someterse a la jurisdicción de los tribunales competentes de México o a tribunales arbitrales nacionales o internacionales") o que abren negocios colaterales a empresas financieras privadas (bancarias, bursátiles, fondos de inversión), como los "bonos ciudadanos", presentados en forma ocurrente como "un mecanismo innovador tendiente a que los mexicanos se beneficien de manera directa del buen desempeño de Petróleos Mexicanos". Los cinco documentos enviados ayer al Senado por Calderón (quien, un día antes "no tenía idea" de la iniciativa) son, en suma, una continuación de la estrategia de engaños a la opinión pública y de una campaña en la que, lejos de informar a la sociedad, se buscó confundirla, desinformarla y distraerla para intentar un avance sustancial en la privatización y el desmantelamiento de la industria petrolera propiedad de la nación.
Pero todo ello no alcanza para ocultar el punto sustancial, que es la propuesta de modificación al artículo 4 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27, a fin de permitir al capital privado que intervenga en la refinación y transporte de hidrocarburos, en el entendido de que la segunda de esas actividades le permitiría operar oleoductos. Se plantea, en suma, entregar a particulares uno de los segmentos de mayor valor agregado de la industria petrolera, para que éstos realicen negocios de cifras astronómicas, y con ello la propuesta no respeta, sino que contraviene, lo dispuesto en el artículo 27 de la Carta Magna. Por añadidura, los cambios legales propuestos constituyen una manera un tanto extraña de "fortalecer a Pemex", de "asegurar que México cuente con petróleo, no sólo para los próximos años, sino para las futuras generaciones" y de propiciar "que la riqueza petrolera genere más bienestar para todos". Como lo previeron muchas voces, se busca repetir, con los hidrocarburos, la maniobra que, vía una ley secundaria, abrió la industria eléctrica al capital privado.En síntesis, la propuesta del Ejecutivo federal atenta contra uno de los fundamentos centrales del México contemporáneo: el principio de que la propiedad de los recursos naturales corresponde a la nación y que la industria energética en general, y la petrolera en particular, deben ser monopolios públicos. Si ese es el fondo, la forma es en extremo desaseada: se empieza por un promocional equívoco sobre el supuesto tesoro de las aguas profundas y la pretendida necesidad de entregarle parte de él a empresas extranjeras y, sin rubor alguno, se acaba poniendo la operación política de la reforma en manos de Juan Camilo Mouriño, señalado por el conflicto de intereses en que habría incurrido como representante popular y funcionario público del sector energético, por un lado y, por el otro, contratista privado de Pemex.Las intenciones de quienes ocupan el gobierno federal son, muy a su pesar, y en un sentido paradójico, transparentes: esta iniciativa de reformas del grupo en el poder no responde a los intereses nacionales, sino al inagotable apetito oligárquico de disponer de enormes sumas de dinero público, y no precisamente para asegurar "que ningún joven mexicano se quede sin estudiar una carrera técnica o profesional", como se señaló en forma demagógica; para ese objetivo, o para otros igualmente nobles, habría bastado y sobrado con los excedentes de la factura petrolera que desaparecieron sin dejar rastro durante la administración pasada, de la que la actual es heredera y continuadora.
■ La reforma, otro intento de Calderón y PAN para entregarlo a extranjeros
Senadores del FAP cierran filas con López Obrador en defensa del petróleo
■ Mañana exponen medidas de resistencia civil pacífica para frenar la iniciativa oficialDespués de una reunión en la que senadores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia cerraron filas con él en defensa del petróleo, Andrés Manuel López Obrador informó que el jueves dará a conocer las medidas de resistencia civil pacífica que se aplicarán para impedir que se apruebe la reforma que Felipe Calderón hizo llegar ayer al Senado de la República.Acompañado por los legisladores, López Obrador dijo que el paquete de iniciativas forma parte del intento por entregar la renta petrolera a empresas extranjeras, similar al que se empleó en la industria eléctrica. Sin embargo, recalcó, "no nos van a engañar con eufemismos", ya que lo que "el usurpador busca es privatizar el petróleo".El encuentro tuvo lugar en las oficinas de la bancada del PRD en la Torre del Caballito y, de manera sorpresiva, la conferencia final que ofreció López Obrador se trasmitió en vivo por el Canal del Congreso.El político tabasqueño recalcó que entiende por qué actúan así Calderón y su partido, ya que el PAN se fundó en 1939, un año después de la expropiación petrolera, para oponerse precisamente a la decisión del general Lázaro Cárdenas del Río de regresar el petróleo, que estaba en manos de compañías extranjeras, al pueblo de México.El PAN y el gobierno de Calderón están ahora en la misma ruta, sostuvo, "quieren regresarnos al porfiriato, pero no lo vamos a permitir".De inicio, el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, informó que el acuerdo final fue cerrar filas para defender Pemex y trazar una ruta de actividades, tanto en el Congreso como en las calles.López Obrador, a su vez, celebró la realización de ese encuentro, en el cual, señaló, se adoptaron acuerdos importantes para actuar de manera unificada.
Incluso, aseveró que los legisladores del Frente Amplio Progresista –integrado por PRD, PT y Convergencia– están actuando a la altura de las circunstancias, a la altura de Belisario Domínguez, el senador que fue asesinado por oponerse al dictador Victoriano Huerta.López Obrador destacó que las medidas de protesta que preparan serán pacíficas. "Siempre vamos a actuar de manera responsable, sin aceptar provocaciones; no queremos vivir en la confrontación ni en el conflicto y por ello exigimos que el petróleo continúe en manos de la nación, ya que ha sido un elemento de estabilidad".Informó que continuarán las reuniones con el FAP, en razón de que el propósito es trabajar de forma coordinada para preparar la estrategia.Por su parte, el senador perredista Ricardo Monreal comentó que después de la reunión con López Obrador el siguiente paso es continuar con los preparativos para presentar un frente sólido en defensa del petróleo.Para esto el FAP se declaró en sesión permanente e incluso, después de la reunión con López Obrador, los coordinadores Carlos Navarrete, del PRD; Alejandro González Yáñez, del PT, y Dante Delgado, de Convergencia, se quedaron platicando buen rato, porque en las próximas horas deberán tener lista la respuesta que darán dentro del Congreso para frenar la iniciativa privatizadora.Uno de los puntos que se discuten es ir al debate, pero sólo en lo que se refiere al diagnostico sobre Pemex, y no a las iniciativas, además de seguir en alerta para impedir un albazo legislativo. El debate debe abrirseLa privatización de la industria petrolera de México es el objetivo fundamental del gobierno de facto calderonista, que no puede esconderse con un discurso mentiroso como el que se escuchó ayer en red nacional.Una modificación al marco legislativo mexicano como la que plantea la iniciativa en materia petrolera de Felipe Calderón hecha llegar ayer a un Senado de la República rodeado por las fuerzas represivas del Estado, y que entraña una cesión a consorcios trasnacionales de los derechos fundamentales del pueblo sobre sus recursos estratégicos, no puede ni debe ser procesada a espaldas de la nación y sin que medie un amplio debate de los legisladores con representantes de los sectores más significativos, incluyendo a sindicalistas, intelectuales y técnicos.
Cualquier proceso legislativo fast track en la materia implicaría que, ya en la forma, se están confiscado los derechos de la nación. El Poder Legislativo no puede en un régimen representativo sustituir al pueblo y actuar sin un consenso social, pues estaría actuando de manera ilegítima.Esta iniciativa, que por su esencia violenta el acuerdo fundamental de los mexicanos implícito en la Constitución, la cual consagra la exclusividad del Estado en el manejo de los recursos petroleros, no puede ser discutida en el secreto de las comisiones legislativas, y a espaldas y en contra de los mexicanos. Las afirmaciones de Germán Martínez (presidente nacional del PAN) sosteniendo que es "innecesaria" una consulta popular sobre el petróleo y que estas iniciativas deben ser discutidas en el Congreso "y no en la calle", es decir, por las elites políticas y no por la sociedad, o sea, ser objeto de acuerdos cupulares y no de un consenso social, es inadmisible. No puede aceptarse tampoco la pretensión de Santiago Creel, jefe de la bancada panista en el Senado, en el sentido de que "el debate" debe ser acotado y decidido por ellos.El futuro de México como nación soberana e independiente está amenazado desde ayer como nunca antes en nuestra historia reciente y es urgente una movilización de todos los mexicanos.
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